TSJ prohíbe que niños y adolescentes asistan a corridas de toro en Mérida
La Sala Constitucional suspendió una norma que permitía que niños de 12 años, siempre que fueran acompañados por sus padres, pudieran presenciar los espectáculos taurinos.
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
Caracas.- lunes 17 de agosto de 2015 04:21 PM
Por considerar que "pudiera influenciar en el bienestar psicológico y emocional de los niños, niñas y adolescentes", el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió a los menores de 18 años merideños el ingreso a las corridas de toro que se celebran en la ciudad andina.
La proscripción la dictó la Sala Constitucional al admitir un amparo, con medida cautelar, que el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, interpuso contra el artículo 2 de la Ordenanza Taurina de Mérida, la cual permite que niños de 12 años puedan ver estos espectáculos acompañados de sus padres o representantes y a los que tengan más de 14 años se les permite el ingreso solos.
En el fallo redactado por la presidenta de la instancia, magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, se da por valido el argumento del también presidente del Consejo Moral Republicano en cuanto a que esta normativa pone en riesgo "los derechos de la infancia y adolescencia a la integridad física, psíquica y moral y, en general el derecho fundamental a la salud", así como en tela de juicio la obligación de las autoridades a garantizarlos según la Constitución.
La norma estará suspendida, por lo cual los niños y adolescentes no podrán ingresar a la plaza de toros de Mérida, mientras la Sala Constitucional determina si ella contraría la Carta Magna. Asimismo no descartó que esta medida se pueda extender a otros municipios donde haya disposiciones similares.
En febrero pasado Saab ya anunció su despacho trabajaba una ley que buscaba proscribir definitivamente las actividades taurinas. "No es un deporte matar a mansalva seres vivos", afirmó en su cuenta de Twitter, donde agregó: "Aclamar la muerte de un ser vivo desde las gradas de los estadios es apología al crimen".
Esta no es la primera que la justicia, a petición de la Defensoría del Pueblo, adopta medidas similares. Entre 2011 y 2012 la exdefensora Gabriela Ramírez consiguió de los tribunales de Protección de Niños y Adolescentes de Táchira y Zulia medidas similares, bajo argumentos similares.
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